|
Opinión Juan Carlos Scapini Chile, siendo un país pequeño, ha optado en los últimos 20 años por una economía abierta al comercio exterior y a los flujos financieros internacionales, orientando así su desarrollo a las oportunidades que brindan los mercados globalizados. Este proceso de apertura ha seguido la forma de un modelo nacional del tipo liberal democrático e incluyente. En otras palabras se ha querido conjugar en todos estos años crecimiento con equidad, donde las fuerzas del mercado han sido intervenidas de diferentes maneras por el sector público, en los campos económicos y sociales. Políticas económicas neo-keynesianas han tenido una expresión importante en el actual Gobierno de la Presidenta Bachelet, a través de la formulación de presupuestos fiscales contra-cíclicos. La Regla del Superávit Fiscal del 0,5% del PIB permitió al Estado ahorrar US$ 18.800 millones en el Fondo de Estabilización Económico Social, cuando las condiciones internacionales eran extremadamente buenas, y ahora permiten financiar un déficit fiscal “efectivo”, mientras dure la crisis financiera y la recesión en los países desarrollados.
El crecimiento del gasto fiscal para el año 2009 será del 5,7% y de esta manera podrán financiarse importantes programas sociales, como son la reforma previsional, el plan auge, la protección a la infancia, la seguridad ciudadana, el sistema de subvenciones escolares y los créditos universitarios, entre otros. El presupuesto 2009 además considera medidas específicas para incentivar el desarrollo económico nacional. La inversión del Ministerio de Obras Públicas sube en 14,6%, el Fondo de la Innovación para la Competitividad alcanza $102.000 millones y se destinan $232.000 millones a programas de fomento PYMES y la CORFO compromete $325.000 millones en líneas de garantía y créditos para ese mismo sector. El objetivo de la política económica para el próximo año debe por lo tanto enmarcarse en la defensa de la actividad económica y los puestos de trabajo que ésta representa. Para ello, el Banco Central debiera bajar pronto la tasa de interés y paralelamente establecer una política cambiaria que permita atenuar sus fluctuaciones de corto plazo. El Gobierno, además de velar por una ejecución presupuestaria de alta calidad, debiera estar atento en monitorear de cerca la coyuntura económica, aplicando las medidas que sean necesarias para asegurar el acceso al crédito bancario de las Empresas, evitar el desplome competitivo de las PYMES y generar incentivos especiales para la reactivación del sector de la construcción. En síntesis, una política económica progresista implica pensar el desarrollo en el largo plazo pero interviniendo la economía en el corto plazo, de manera de suavizar las fluctuaciones del mercado y del ciclo económico. La reciente crisis internacional ha permitido demostrar que el fundamentalismo de la libre competencia no es la panacea del crecimiento y, por el contrario, se requiere fortalecer el rol del Estado en la economía para que se generen así las normas y los controles que sean más adecuados para el funcionamiento de los mercados en el largo plazo. Santiago, 9 de Diciembre 2008 |
